La Carta Magna estableció una serie de garantías judiciales para la protección de los derechos y necesidades establecidas con anterioridad a través de diferentes mecanismos como son las acciones de inconstitucionalidad, las acciones de tutela, la acción popular, la acción de grupo, la acción de cumplimiento, el habeas corpus y la pérdida de investidura. Este tipo de acciones de ráiganme constitucional, son de vital importancia para la estructura misma del Estado y para los ciudadanos, generando que la rama judicial tenga un papel protagónico en la sociedad colombiana, e inclusive ha llegado a ser gestor de grandes transformaciones de carácter político, social, cultural,