NOVEDAD 2023...

Colombia se debate nuevamente en un escenario difícil de su vida institucional cívica y democrática. El cansancio de la guerra fraticida y los tan negativos efectos colaterales que se derivan de ella, a lo cual se suma la polaridad social y política que nos tienen enfrascados en un aparente callejón sin salida, se constituyen en un reto para la academia y para los constructores de políticas públicas.

Los profesionales del Derecho tienen asignada por los artículos 26 y 95 numeral 7º de la Carta Política, 1 y 2 del Decreto 196 de 1971 una función social, misma que fundamentalmente consiste en conservar el orden jurídico, pero igualmente, sobre todo, perfeccionar el mismo para que las aspiraciones humanas que sirven de desideratum pueden ser cumplidas.

Quienes realizan estudios de post grados son los primeros llamados a cumplir con tan importante misión constitucional, se trata, no sólo con dichos estudios obtener metas vinculadas con el progreso necesario y vital de carácter personal y profesional, sino también de ir más allá de las cuatro paredes universitarios para participar proactivamente en aquella de naturaleza social, dadas las altas responsabilidades que se tienen por virtud de su condición de ser digno con capacidades de actuar racional y razonadamente en consciencia y de comportarse fraternalmente con sus semejantes, tal como se precisan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos. 

La solidaridad y el altruismo, así como los comportamientos prosociales, se encuentran en la base de los fundamentos del orden jurídico colombiano, tal como lo establecen sus principios fundamentales constitucionales consignados en el artículo 1, de tal manera que, ineludiblemente, es absolutamente claro que todos tenemos responsabilidades en el ejercicio de los derechos como lo proclama el artículo 95 y, entre ellos resalta con su doble connotación y correlación derecho-deber el de facilitar la convivencia en paz y progreso social (Preámbulo, artículos 2 y 22).

La convivencia en paz va necesaria e indefectiblemente ligada con el progreso social, de tal manera que el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales se constituye en el Norte de la actuación política y social de autoridades y ciudadanos colombianos, lo que se resalta, por supuesto, a nivel interamericano con lo señalado en el artículo 26 de la Convención, según el cual “los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”. 

(Aparte tomado de la presentación del texto)