NOVEDAD 2023

La historia jurídica colombiana en cuanto al derecho penal se refiere, es la historia de sistemas de índole inquisitivo que demandan del Juez una participación activa en busca de la verdad material.

En el año 2002, el procedimiento penal colombiano fue objeto de una importante reforma, por primera vez en la historia de la república jurídica, el legislador colombiano a través del Acto Legislativo 03 de 2002 modificó los parámetros de la persecución penal en el país, reformuló las competencias de la fiscalía general de la Nación como titular de la acción penal y apostó por el principio acusatorio como el fundamento filosófico y practico del procedimiento penal en Colombia.

Mediante la ley 906 de 2004, nueva ley procesal penal, se desarrollaron los mandatos del Acto Legislativo 03 de 2002, y si bien el articulado de la ley no se decantó por un proceso abiertamente acusatorio y adversarial, pues mantuvo algunas instituciones propias del viejo sistema, lo cierto es que, si se separó claramente la acusación del juzgamiento, reconoció el principio de la afirmación de la libertad para evitar el abuso de la detención preventiva, garantizó un juicio oral, público y contradictorio, con inmediación del Juez en la práctica probatoria, instituyó la figura del juez de control de garantías como un muro de contención a los abusos que se pudieran presentar por parte de la acusación en sus labores investigativas, y especialmente con la nueva tendencia procesal penal se dio vía libre a unos mecanismos de justicia premial que permiten al imputado o acusado reconocer su responsabilidad penal a cambio de beneficios en la aplicación de la pena, instituciones que permiten una terminación anticipada del proceso, una justicia que garantiza un trato benevolente al que acepta su culpabilidad ya sea unilateralmente, ya sea acogiéndose a un acuerdo negociado con la fiscalía, ya sea colaborando eficazmente con la investigación mediante el principio de oportunidad, figuras todas inspiradas en la práctica denominada “Plea Bargaining” muy frecuente en el proceso penal norteamericano.

En nuestro breve trabajo, nos centraremos básicamente en la respuesta jurisprudencial de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en su Sala Penal respecto de su entendimiento conceptual de los acuerdos y negociaciones suscritos entre la fiscalía y el imputado y/o acusado.

Reseñaremos el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en relación a esta figura que permite al imputado o acusado concretar un acuerdo bilateral con la fiscalía que finalmente lo lleve aceptar su culpabilidad a cambio de recibir beneficios en la pena.

(Aparte tomado de la Introducción del texo)