La obra aborda la problemática que representa la relación que ha tenido los estados de excepción con el derecho penal. Lo hace acudiendo a un análisis guiado por un razonamiento deductivo que comienza por la caracterización de la excepcionalidad constitucional, su fundamentación teórica, su reconocimiento y reglamentación en derecho comparado y en el derecho internacional de los derechos humanos;  y que culmina con el estudio de las limitantes que en nuestro modelo estatal se imponen a dichos estados excepcionales cuando se utiliza para crear o modificar normas penales. Se definen las notas esenciales de cada uno de los estados de excepción en la Constitución de 1991, a la vez que se da cuenta de las diversas etapas de la evolución jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre esta temática, mostrando la necesidad de acudir a un técnico juicio de proporcionalidad a la hora de determinar si se ocasionó o no un exceso en la declaratoria de los estados excepcionales o si los decretos legislativos estuvieron enmarcados o no en la excepcionalidad declarada. Se propone un modelo de “constitucionalización del derecho penal” que exige una clara delimitación del ius puniendi en estados de normalidad como también de excepcionalidad constitucional