En los últimos veinte años, varios países latinoamericanos se propusieron reformar su sistema de justicia penal. Estas reformas se inscriben tras la caída de los regímenes autoritarios o dictatoriales que han conocido a la inmensa mayoría de estos países en el curso del último tercio del siglo XX. Los mismos fueron impulsados por un nuevo viento de democracia sobre estos países, pese a que fuera inscrita en el centro de los discursos políticos hace más de doscientos años Este cambio no vino solamente de reivindicaciones sociales a los derechos y libertades. Ha tenido, y todavía tiene, presión proveniente de todo tipo de organizaciones internacionales. Los gobiernos deben cumplir y reservar un lugar para la buena gobernanza. En este contexto la regla de derecho y las reformas jurídicas también ocupan un papel fundamental. Están en el centro de soluciones nunca antes visto, en la ecuación de la ley y el desarrollo.