Ciertamente, los órganos especializados del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (la CIDH y la CorteIDH), han tenido ocasión de pronunciarse en reiteradas oportunidades sobre las obligaciones de los Estados, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia por violaciones a derechos humanos. Dicha obligación, en el caso de los países que son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), deriva de los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial), que imponen a los Estados la obligación de proporcionar un recurso idóneo y efectivo para la protección de los derechos de las personas, que se tramite en respeto de las garantías del debido proceso y en un plazo razonable.