Se trata de un tema crucial que involucra, entre otros, el problema del equilibrio entre supremacía constitucional, interpretación judicial de la Constitución y proceso político mayoritario. De ahí la necesidad de estudiar el debate doctrinal acerca de la idoneidad de la sede jurisdiccional como lugar de resolución de los conflictos sociales y políticos, y de protección de los derechos fundamentales frente a la mayoría parlamentaria, a la actividad del gobierno y de la administración.